Las Universidades Públicas en crisis

La publicación de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre (BOCM del 29/12/2011), de la Comunidad de Madrid y aprobada por el Consejo de Ministros ha provocado el caos en la Administración Pública. Entre otras cosas, se incluye un aumento de la jornada semanal hasta las 37,5 horas (pudiendo llegar hasta un máximo de 40), la reducción de moscosos y la bajada significativa de los derechos de los empleados públicos hasta un límite vergonzoso.

En concreto, y en lo que atañe a la Universidad de Alcalá, en la cual trabajo, se considera de aplicación la Ley de Acompañamiento (como así se la conoce) tal y como está redactada por el nuevo Gobierno. Dicha Ley comenzará a aplicarse presumiblemente a partir del próximo 1 de febrero y conlleva los siguientes cambios:

  • Jornada laboral: treinta y siete horas y media mínimo, cuarenta máximo, en cómputo semanal.
  • Moscosos: aplicación de la disposición adicional primera de la citada ley, es decir, un número máximo de seis días de libre disposición (dos a partir del sexto trienio y uno más por cada trienio a partir del octavo).
  • Días de vacaciones adicionales: seis días, a disfrutar entre Semana Santa y Navidad.

Por otro lado, y según estas medidas tomadas por el Gobierno del PP, también se verán reducidos los salarios a aquellas personas que se encuentren de baja médica. Y es que el Gobierno pretende penalizar a los funcionarios que enfermen, pasando a cobrar solamente el 60% del sueldo a partir del cuarto día de baja médica.

Sin embargo, las cosas no son como las pintan los máximos responsables de las universidades, los cuales afirman en un comunicado a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA) que “esta normativa es de obligada aplicación en nuestras universidades” y confían en que esto cuele entre los funcionarios de las mismas al decir que “estamos seguros que la comunidad universitaria actuará de manera responsable”.

Lo que realmente no dicen es que la citada Ley no es de aplicación en las universidades puesto que vulnera el artículo 2.2 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades por el que se establece la autonomía universitaria por la cual será la propia universidad la encargada de “la selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como de la determinación de las condiciones en las que han de desarrollar sus actividades”. Es más, esta Ley vulnera los acuerdos firmados para el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, impidiendo el derecho de estos trabajadores a la negociación.

La respuesta del Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, a la gran asamblea que los funcionarios públicos de la misma realizaron ayer en el Patio de Filósofos del Rectorado (tras la negativa del Rector a cederles el Paraninfo) y a la pitada a la que los funcionarios sometieron a los altos cargos de la Universidad, se reduce a que él no puede hacer nada. Al parecer, como la CRUMA ha decidido que todas las Universidades Públicas madrileñas lleguen a este acuerdo, ¿cómo va la Universidad de Alcalá a desbancarse de esa decisión? ¿Afectaría eso a la misma dañando su imagen? Como comprenderéis, esta excusa es completamente ridícula. Por eso mismo, los representantes del personal de administración y servicios de la Universidad de Alcalá han decidido protagonizar un encierro en las dependencias de la misma para perfilar un calendario de actuaciones contra estos recortes asegurando que “amparándose en una legislación autonómica” que entienden que “no es de aplicación en el ámbito universitario pretenden modificar unilateralmente buena parte de las condiciones laborales de sus empleados, sin que ello contribuya a la mejora del servicio público que se presta”, tal y como informa la web MadridDiario.es. En el mismo artículo, también se informa de que esta situación se ha llevado a cabo en las seis Universidades Públicas de Madrid, lo cual lleva al absurdo las palabras de Galván.

Lo que sucede en este país es que una vez más se está tomando a las víctimas por culpables intentando desviar la atención de la opinión pública hacia los funcionarios, los cuales están siendo acusados de ser los culpables del derroche de la Administración Pública cuando esto no es así. De los funcionarios se envidia su situación social, la estabilidad laboral y otros aspectos que siempre han estado al alcance de cualquiera que quisiera acceder a ello. Y los que más se encargan de hacer publicidad sobre este desprecio público son los políticos. Si hay una crisis total, ¿por qué solo se priva de su salario y de sus derechos a los funcionarios? ¿Por qué se escupe de esta forma contra su dignidad? ¿Desde cuando reducir los días de libre disposición del personal va a aliviar a la Administración, económicamente hablando?

Para nada. Estas medidas no sirven para nada. Solo para desmotivar y maltratar al personal al servicio de la misma, presenciando cómo su situación sirve como excusa de los poderosos para convertir su trabajo en una carga para salir de la crisis que ellos han provocado. Demagogia absurda para no valorar los méritos y el trabajo de quienes hacen que día a día este país siga funcionando.

Por eso mismo, y para impedir la desfachatez con la que, una vez más, los dueños del poder quieren someter a los que realmente luchan por levantar el país, todo el personal de las Universidades Públicas madrileñas se ha puesto en pie. Y yo desde aquí, como compañeros míos que son, les apoyo y estaré con ellos hasta donde haya que estar.

Porque esta situación ya ha cruzado un límite que no tenía que haberse cruzado jamás. Porque no somos monedas de cambio ante nadie. Porque todos los ciudadanos merecemos ser tratados como seres humanos. Y porque estamos hartos de pagar una crisis que no hemos provocado nosotros. ¿O es que acaso habéis visto a un funcionario expoliando un banco, hundiendo el mercado de valores o evadiendo impuestos?

Actualización

Os dejo este vídeo que Comisiones Obreras grabó ayer en la Asamblea de la Universidad de Alcalá. En él, se puede observar la pitada a la que fue sometido el Rector de la UAH, Fernando Galván, ante el brutal retroceso de derechos laborales impuestos por la Comunidad de Madrid y ante los que no pretende hacer nada.

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Una respuesta a Las Universidades Públicas en crisis

  1. me parece perfecto, yo tambien soy personal estatutario interino y no me parece justo que estemos pagando la crisis los que menos culpa tenemos

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